Bettinotti y Fernández

martes, 17 de abril de 2012

PREMIO A LA LUCHA CONTRA LOS PLAGUICIDAS


PREMIO A LA LUCHA CONTRA LOS PLAGUICIDAS


El Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente, será entregado hoy en San Francisco, Estados Unidos, a Sofía Gatica de Madres de Ituzaingó, primera mujer argentina en recibirlo.


Hace unos años Sofía dio a luz a una niña cuyos riñones no funcionaron, y la beba murió. Cuando sus vecinos le contaron que había muchos casos como ése además del cáncer y de múltiples problemas de salud, Sofía entró en acción.

Sofía es una de las Madres de Ituzaingó cuya lucha mostró al mundo las consecuencias del uso de plaguicidas en torno a las zonas urbanas. Además integra “Paren de fumigar”, colectivo nacional que pelea para prohibir la aplicación aérea de agroquímicos, la separación de las áreas urbanas de las fumigaciones terrestres y para promover la reconversión a la agroecología.

Con el grupo de madres empezaron a buscar la epidemiología que el gobierno se negaba y se resiste a hacer: de puerta en puerta llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico de la zona y descubrieron los graves efectos que la fumigación con pesticidas estaba ocasionando.

Su organización creó el Mapa del cáncer a contrapelo de los decires de las autoridades locales, reacias a reconocer que en ese sector de la ciudad estaba pasando algo gravísimo: tasas extremadamente superiores a las normales para esa enfermedad.

Las Madres de Ituzaingó comenzaron a protestar en contra del uso de plaguicidas en su zona, concurriendo a las oficinas ambientales de la ciudad de Córdoba, sin obtener respuestas. Cortaron calles, realizaron marchas. En 2003 lograron la sanción de una ordenanza para prohibir las fumigaciones a menos de 2.500 metros de las viviendas. Y en junio próximo serán protagonistas del juicio que sienta por vez primera en el banquillo de los acusados a dos productores y a un aeroaplicador, por haber violado las restricciones para fumigar en Ituzaingó Anexo, en lo que es el primer proceso judicial de este tipo en Argentina.

Argentina es el tercer mayor exportador mundial de soja. Cada año, la industria aplica millones de litros de agrotóxicos. Si bien Monsanto afirma que no hay riesgo para los seres humanos con su producto estrella asociado al cultivo, en glifosato, profusión de estudios científicos muestran lo contrario. Aemás, el coctel utilizado incluye endosulfán, pesticida altamente tóxico que ha sido prohibido en 80 países a causa de las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. En mayo de 2011, se añadió a la lista de la ONU de contaminantes orgánicos persistentes a ser elimindos del planeta.

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Foto: extraida de lavoz.com.ar



Fuente: www.renace.net

jueves, 5 de abril de 2012

Argentina-Limitacion a los agroquimicos

Argentina-Limitacion a los agroquimicos

De Cañuelas a la Provincia de Buenos Aires

La norma local que impone mayores limites al uso de pesticidas en la Argentina es la ordenanza de Regulacion de Agroquimicos del Partido de Cañuelas, en la Provincia de Buenos Aires. Entre otras regulaciones, prohibe la fumigacion aerea y aleja las fumigaciones terrestres a mas de 2000 mts. de la planta urbana. Señala tambien taxativamente que debe regularse la produccion de los cultivos agroecologicos en esos espacios.

La Provincia de Buenos Aires se caracteriza por estar organizada territorialmente en partidos. El Partido de Cañuelas, por ejemplo, tiene una extension de unas 120 mil hectareas. Asi, los gobiernos municipales tienen competencia tanto sobre los territorios urbanos como rurales, siendo responsables del ordenamiento territorial y de la regulacion de los conflictos ambientales en el marco de las leyes nacionales y provinciales.

Como dice el ingeniero agronomo Javier Souza, quien asesoro y trabajo en la articulacion de diversos actores sociales para lograr la ordenanza, hubo un importante trabajo de consenso y vinculacion entre docentes, ONGs, el INTA, las asociaciones de productores y el municipio, con fuerte participacion de periodistas locales. La lucha fue ardua, y hubo ademas un muy buen trabajo y argumentaciones sobre el impacto de los plaguicidas en la salud y el ambiente, asi como en la existencia y posibilidad de desarrollar cultivos agroecologicos que no necesitaran de esos agroquimicos.

La ordenanza fue aprobada en Junio de 2010. A pesar de la resistencia de algunos productores a su cumplimiento, las acciones de la Secretaria de Medio Ambiente del municipio ante las denuncias de las infracciones por parte de los vecinos, fueron mejorando el control, incentivando la participacion y logrando un mayor compromiso por parte de la poblacion.

Militantes ambientales confirmaron que cuando un habitante del partido de Cañuelas hace la denuncia porque un mosquito esta fumigando en zonas prohibidas, la presencia de los inspectores es rapida, se registra la infraccion, una primera vez se los intima y ante reincidencias se los sanciona tanto al aplicador como al productor, en el caso de que sean personas distintas. Una de las consecuencias de estas acciones oficiales es que los aplicadores que son contratados para fumigar algun campo, antes de hacer su trabajo, pasan por el municipio para confirmar si pueden hacerlo.

Otras consecuencias politicas

Sin ser peronista, como buen ciudadano y buen socialista, reconozco y difundo cuando se van explicitando los problemas y se generan expectativas de mejoramiento de la calidad de vida de la mayoria de la poblacion. Lo hago, por ejemplo, con el Mensaje a los Gobiernos y Pueblos del mundo de Domingo Peron en febrero de 1972, antes todavia que se hiciera la primer conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente en Estocolmo. Estaria muy bien que lo leyeran tantos peronistas que estan hoy en el poder.

En este caso de Cañuelas, en octubre de 2011, el intendente en ejercicio fue reelecto. Todavia no fue evaluado el impacto que tuvo en esa reeleccion el impulso politico que le dio a la aprobacion y aplicacion de la ordenanza que regula el uso de los pesticidas, pero quedo muy claro que el impacto fue positivo.

La cuestion no quedo alli: el intendente pidio licencia de su cargo electo, debido a que fue designado como Ministro de Agricultura por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Ademas, el mismo gobernador, en su discurso del 2 de marzo de en la Asamblea Legislativa expreso:

Extenderemos a toda la Provincia la normativa que comenzo en Cañuelas e impone limites y cuidados acerca de donde y como se aplican los pesticidas.

Despues de tanta lucha, viene muy bien que algunos politicos vayan tomando conciencia de que necesitamos implementar un proceso hacia el cambio del sistema productivo agroalimentario concentrador basado en el uso de pesticidas y fertilizantes, del cual los cultivos transgenicos son solo el ultimo eslabon.

Que el gobernador lo haya dicho donde lo dijo, no significa que automaticamente lo aplique, ni que sea suficiente. Los militantes por una mejor calidad de vida luchamos contra un sistema que concentra el ingreso, daña la salud, el ambiente y la calidad de vida de las personas, pone en severo riesgo la soberania alimentaria de las poblaciones y que cuenta con un sistema productivo economico y social que responde a un paradigma que lo favorece; necesitamos militar y movilizarnos para cambiarlo, para conseguir el reconocimiento de los riesgos, daños y problemas, para que se aprueben las normas que nos protejan, y para que esas normas se apliquen. Entre otras cosas, debemos ahora controlar y presionar para que el gobernador cumpla con su palabra.

La extension de las restricciones a los pesticidas de Cañuelas a toda la Provincia de Buenos Aires seria un muy buen trecho en ese camino, que se podria extender a todo el pais.

La ordenanza se puede encontrar en Internet, poniendo en el buscador:

- Cañuelas ordenanza “Regulacion de agroquimicos” -



Buenos Aires, 3 de abril de 2012.-

Claudio Lowy – ecolowy@yahoo.com.ar

011-15-6467-5187



sábado, 24 de marzo de 2012

Secuestran vehículo que se utilizaba para fumigar

Fuente:http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2012/03/22/212680.htm


Secuestran vehículo que se utilizaba para fumigar

Vecinos de la zona del camping El Griego denunciaron ante la delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la policía que se estaba fumigando con agroquímicos en inmediaciones del barrio.


Vecinos de la zona del camping El Griego denunciaron ante la delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la policía que se estaba fumigando con agroquímicos en inmediaciones del barrio. Los efectivos se hicieron presentes en el lugar cuando el responsable ya se había retirado, aunque pudieron interceptarlo en la vía pública. Allí, los agentes constataron que la maquinaria que llevaba no contaba con patente identificatoria y se encontraba cargado con productos para aplicación agronómica.

Inmediatamente, dieron aviso a la Dirección General de Gestión Ambiental y a la Dirección de Tránsito, por posible infracción a la Ordenanza 18.740 -que regula el uso de agroquímicos- y por circular sin identificación ni documentación del tractor ni del equipo de aplicación comúnmente denominado "mosquito".

Personal de varias área municipales concurrieron al sitio y constataron la falta de documentación del vehículo por lo que procedieron a secuestrarlo. Y como tampoco el conductor pudo exhibir copia de la receta agronómica del producto cargado en el tanque del aplicador, ni constancia de inscripción en el registro provincial de aplicadores, labraron un acta de infracción y remitieron las actuaciones al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Fumigación con agroquímicos: los vecinos siguen esperando soluciones y respuestas Fumigación con agroquímicos: los vecinos siguen esperando solucione

Luego de la última manifestación que tuvo lugar en el marco de la inauguración de un Centro de Salud, los integrantes de la organización local que difunde la problemática se reunieron con el intendente, pero no se fueron conformes: “No hubo acuerdo ni nada parecido

Fue en el marco del celebrado cumpleaños de la ciudad que se asumió el compromiso. Es que, mientras la comitiva oficial del Municipio inauguraba un nuevo Centro de Salud 24 horas en Florentino Ameghino, un grupo de ambientalistas –quienes vienen dando pelea contra las fumigaciones que se sienten en la zona periurbana de la ciudad- realizaba una nueva manifestación. En ese contexto fue que, la semana pasada, el intendente Gustavo Pulti recibió a los vecinos integrantes de la asamblea Paren de Fumigarnos, para discutir la problemática. Sin embargo, la reunión no fue esclarecedora ni menos. “No obtuvimos respuestas y la verdad es que no hubo acuerdo”, aseguraron.

El pasado 10 de febrero los integrantes de la asamblea Paren de Fumigarnos se congregaron en el marco de la inauguración de Centro de Salud 24 horas en Florentino Ameghino. Con varias banderas que sintetizaban el reclamo- con las leyendas “No fumigar es salud”, “Nos están envenenando, y a vos también” y una última que pedía por la implementación de la ordenanza 18.740, reglamentada después de cuatro años de sancionada y aún no puesta en vigencia- los ambientalistas hicieron oír su reclamo para que toda la comunidad conozca la situación que se siente en la zona periurbana de la ciudad.

En ese contexto fue que, el intendente Gustavo Pulti, se comprometió a reunirse con los asambleístas para avanzar en la discusión de la problemática. “La receptividad del Municipio por parte de las demandas y reclamos que se multiplican en distintos sentidos es grande y hay más conciencia ambiental: aquí vemos los carteles de no fumigar, y nos parecen bien, van a tener nuestro apoyo y estamos tratando de comprometernos y responder fuertemente a esas demandas”, sostuvo en su momento.

Así, poco menos de veinte días después del pedido, tuvo lugar la esperada reunión con el máximo exponente del Ejecutivo local. Ante dicho escenario, El Atlántico dialogó con uno de los jóvenes de la asamblea, Kanki Alonso, del barrio Santa Isabel. “La verdad es que no obtuvimos respuestas y tampoco hubo ningún tipo de acuerdo; tenemos todo el encuentro filmado y ahora vamos a analizarlo en conjunto, para ver qué conclusiones sacamos”, sostuvo, claramente disconforme con el desarrollo de la charla con Pulti.

Principalmente pensamos que no se tocaron las cuestiones relevantes, como la anulación del protocolo de fumigación por ejemplo”, agregó Alonso, al mismo tiempo que remarcó que, a su parecer, no hubo un compromiso real y asumido por parte de las autoridades. “Adujeron que desde el Municipio realmente no tienen las guardias en cuestión ambiental para hacer frente a las demandas y nosotros ya estamos agotando las vías de reclamo”, sentenció. Y luego reflexionó acerca de que esta no fue la primera vez que se reunieron con representantes y se fueron “con las manos vacías”. “Nunca se paró una fumigación, eso quiere decir que no se está haciendo mucho”, puntualizó el joven.

Asimismo, el vecino del barrio Santa Isabel remarcó que la argumentación dada “nada tuvo que ver con los cuestionamientos”. “La sensación que tenemos es que se deslindan responsabilidades”, remarcó, en alusión a la supuesta dependencia del tema fumigaciones por parte del Ministerio de Asuntos Agrarios. “Nos dicen eso mientras sabemos que ese Ministerio tiene una persona para doce distritos y que a mediados del año pasado hubo una intervención por parte del Defensor del Pueblo de la Nación en la que se alienta a los Municipios a hacerse cargo y a involucrarse”, arremetió Alonso.

Por otra parte, el asambleísta recordó la situación que viven en los barrios desde hace varios años. “Cuando empiezan a fumigar tenemos que cerrar las casas e irnos”, denunció, para luego enunciar: “Preferiríamos la prevención en salud, antes que venir por medicina asistencialista”.

Es que, desde Paren de Fumigarnos, vienen revelando con constancia las afecciones más instantáneas de las fumigaciones, como lo son problemas respiratorios -sobre todo en chicos-, dermatitis, problemas en la piel, reacciones alérgicas, casos de diarrea y vómitos cuando pasa el mosquito. Y, además, reparan en que también se dan enfermedades severas como leucemias en los niños, cánceres, abortos espontáneos, trastornos en la fertilidad y malformaciones congénitas. Por eso, según las palabras de los vecinos, la urgencia en cuanto al avance en esta problemática. “Un gobierno que no reglamentó por cuatro años la ordenanza, y que lo hace después de un fallo judicial, creo que no quedan dudas de que no pretende aplicarla”, arrojaron, tajantes.

Cabe destacar que -en su momento- oficialmente habían expresado respecto a la normativa que la misma “necesita una infraestructura que supera ampliamente las facultades incluso legales del Municipio”, a modo de justificación por las demoras. En ese sentido, se había determinado que como autoridad de aplicación debería actuar el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense.

Redacción El Atlántico

Fumigaciones: denuncia ambiental y compromiso del intendente

Tres banderas sintetizaban el reclamo. “No fumigar es salud”, podía leerse claramente. Otra pedía por la implementación de la ordenanza 18.740, reglamentada después de cuatro años de sancionada y aún no puesta en vigencia. “Nos están envenenando, y a vos también”, rezaba la tercera

Hasta el centro de salud de Florentino Ameghino, inaugurado este último viernes, se acercaron ambientalistas que dan pelea contra las fumigaciones que se sienten en la zona periurbana de la ciudad.

Vivimos en los barrios. Cuando empiezan a fumigar tenemos que cerrar las casas e irnos”, denunció Kanki Alonso, del barrio Santa Isabel. El joven fue claro, en el marco de la inauguración de un centro sanitario: “Preferiríamos la prevención en salud, antes que venir por medicina asistencialista”.

Es que vienen denunciando las afecciones más instantáneas de las fumigaciones como problemas respiratorios –sobre todo en chicos-, dermatitis, problemas en la piel, reacciones alérgicas, casos de diarrea y vómitos cuando pasa el mosquito. Y reparan que también se dan enfermedades severas como leucemias en los niños, cánceres, abortos espontáneos, trastornos en la fertilidad y malformaciones congénitas.

Cuando uno de los jóvenes se acercó a pedirle respuestas a Pulti, el intendente le dijo textualmente: “Me comprometo a recibirlos” y hasta en diálogo con la prensa hizo mención a la protesta y reparó en la “la receptividad del Municipio por parte de las demandas y reclamos que se multiplican en distintos sentidos”. “Hay más conciencia ambiental: aquí vemos los carteles de no fumigar, y nos parecen bien, van a tener nuestro apoyo y estamos tratando de comprometernos y responder fuertemente a esas demandas”, sostuvo.

Los vecinos se mostraron un tanto escépticos a una solución concreta por parte del Municipio. Alonso en ese sentido manifestó: “No hay que tomarle el pelo a la gente. Un gobierno que no reglamentó por cuatro años la ordenanza, y que lo hace después de un fallo judicial, creo que no quedan dudas que no pretende aplicarla”.

Después del corte de cinta, Ferro se acercó a conversar con los vecinos. Les dijo que la ordenanza “necesita una infraestructura que supera ampliamente las facultades incluso legales del Municipio” y dijo que debe actuar como autoridad de aplicación el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense. En la ciudad hay una sola persona responsable, por lo que –relató el titular de Salud- se pidió una reunión con el ministro: “Ahora hay una agenda de trabajo para progresar en ese sentido”, sostuvo.

Alonso le pidió un mensaje para los vecinos y Ferro respondió: “Se está trabajando en ello para dar una respuesta”.

Redacción El Atlántico,

sábado, 14 de enero de 2012

Agrotóxicos: Los condenados rompen el silencio

Agrotóxicos: Los condenados rompen el silencio


Pese a la gravedad de los daños que provocan las fumigaciones con agrotóxicos en todo el Cono Sur de Sudamérica, llama la atención el escaso debate, la pequeña cantidad de denuncias y la dificultad para poner en pie movimientos destinados a regular, y eventualmente eliminar, ciertas prácticas como las fumigaciones aéreas, prohibidas en otros países.
Raúl Zibechi
“Mi señora se lavó la cara con agua de lluvia al día siguiente que fumigaron un campo que está a tres kilómetros y le empezaron a salir erupciones en los brazos y el cuerpo. Fue un año atrás. Ahora está muy afectada, le diagnosticaron lupus y le están haciendo quimioterapia”. Jorge Mérola, productor rural en Villa del Carmen, en el centro de la región sojera del Uruguay, desgrana sus palabras desde un fondo de dolor fácil de entender, pero casi imposible de trasmitir.
Un médico de la zona le explicó que las manchas en la piel se deben a los “agrotóxicos” que vierten las avionetas que sobrevuelan los cultivos. “Se me murieron seis terneros, todos con los mismos síntomas. Quedan rígidos, sin movilidad muscular, con las mandíbulas trabadas. A otros vecinos les pasó lo mismo”, explica, haciendo largos silencios.
Cuando el periodista le pregunta porqué no denunció lo que le sucedió a su esposa, muestra su abismal incredubilidad en las autoridades: “No quise denunciar al ministerio de Ganadería porque un tiempo atrás hubo una mortandad de peces en el río Yi, y la respuesta fue que se debía a falta de oxígeno en el agua. Con ese tipo de respuestas no quise ir a denunciar”.
El testimonio de Mérola es uno de los tantos que tapizan el video Efectos colaterales del periodista Ignacio Cirio, que será presentando a comienzos de febrero pero que desde fines de diciembre puede verse la página web de Radio Mundo Real (http://www.radiomundoreal.fm/es). Es el primer trabajo gráfico que presenta pruebas de afecciones graves en personas por las fumigaciones.
Romper el silencio
Todos los productores entrevistados por Cirio muestran clara conciencia sobre los cambios productivos que están sucediendo en su zona, la introducción de cultivos como la soja y la fumigación con agrotóxicos, la multiplicación de monocultivos al punto que “te vas viendo encerrado”, como dice Isabel Olivo, de la Red Grupo de Mujeres Rurales. Sin embargo, pese a ser una persona activa en una organización social, Olivo reconoce que “uno se siente sin armas para luchar contra esto”.
El caso de Mérola no hace más que testimoniar la soledad de los afectados por las fumigaciones, que puede resumirse en distancia y ausencia del Estado y complicidad de actores como el cuerpo médico que podrían jugar un papel activo. Pese a la gravedad de lo que le sucedió a su esposa, hubo apenas una entrevista en una radio de Sarandí del Yi, que fue recogida por Cirio y se convirtió en el comienzo de su investigación. De algún modo su recorrida fue un desafío al silencio.
“Los afectados no ven al Estado como garante de sus derechos”, asegura luego de recorrer cientos de kilómetros por alguno de los departamentos más afectados por fumigaciones como Florida, Flores, Durazno, Paysandú y Salto.
“La maestra Elsa Gómez, de una escuela fumigada dos veces seguidas, hizo la denuncia y cuando la entrevistaron funcionarios de Salud Pública le exigieron pruebas que vincularan los problemas en la salud con los agrotóxicos. El Estado no los protege pero les exige”, concluye Cirio. Gómez es maestra en pequeña localidad en el departamento de Durazno, y relata en Efectos Colaterales cómo las avionetas fumigaban, en 2009, a escasos metros de la escuela durante varios días sin que nadie mostrara, al menos públicamente, mayor inquietud.
“Hay muchas cosas que la gente no se anima a decir, porque son vecinos, porque se precisan, pero conozco casos que han quedado tapados y veo que salen a fumigar con las mochilas rotas”, dice Luis Ferreira quien fue presidente de la comisión de la escuela de Merinos, en el departamento de Paysandú. Su hijo, como otros niños, presentan afecciones estomacales con vómitos cuando las avionetas fumigan a menos de cien metros del centro escolar.
Entre los entrevistados por Cirio figuran apicultores que han visto desaparecer sus colmenas, pequeños ganaderos y chacareros, vecinos de pueblos y enfermeras, y maestras que descubren las consecuencias de los agrotóxicos en los cuerpos de sus alumnos. No entrevistó médicos. Consultado sobre el silencio de quienes saben y conocen las causas, reflexiona: “Las empresas hacen beneficencia con las escuelas, clubes sociales y policlínicas. Los médicos no dicen nada”.
En varias ocasiones el equipo que hizo Efectos Colaterales tuvo problemas cuando conductores de “mosquitos” (vehículos para la fumigación terrestre) vieron que los filmaban. Algunos se bajaron del vehículo y quisieron saber de qué se trataba. “Tienen órdenes de no dejarse filmar”, concluyó Cirio.
Pese a las dificultades, encontró que la población rural y de pequeñas ciudades tiene conciencia de estar ante un problema creciente, entre otras cosas “porque se informan, viajan, conocen y, por eso, reclaman del Estado un estudio a fondo de la situación”. Onelia Domínguez, auxiliar de enfermería en el pueblo Rincón de Valentín, cree que los trabajadores no exigen condiciones adecuadas de trabajo por temor a perder el empleo, pero coincide con Cirio en que “jamás nadie ha venido a investigar”.
Vencer la soledad
Aunque la ausencia del Estado, y de la Universidad, son las principales responsables del silencio de los afectados , habría que agregar la escasa capacidad de los afectados para hacerse escuchar. En marzo de 2011 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay prohibió las aplicaciones aéreas a menos de 500 metros de los centros escolares y las terrestres a menos de 300 metros “para disminuir el riesgo de exposición de sustancias intrínsecamente peligrosas”.
Sin embargo, para que las normas se cumplan alguien debe controlar o denunciar. Isabel Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) dijo que “hemos tenido la experiencia de trabajar con comunidades fumigadas que ven muy difícil denunciar los impactos de las fumigaciones, ya sea por tener un familiar trabajando en las aplicaciones, por ser la fuente de trabajo o por vivir en pueblos pequeños donde todos se conocen e incluso hasta la empresa “ayuda” a la comunidad”.
Es el mismo problema que detectó el antropólogo Carlos Santos. Los apicultores, por ejemplo, “se ven enfrentados al dilema de no denunciar la mortandad de abejas para no ser expulsados del lugar donde les han permitido instalar sus colmenas o perder el lugar donde se encuentran”, porque al hacer la denuncia perjudica al propietario que a la vez arrienda el campo para cultivar soja
La doctora María Elena Curbelo destacó que en la zona de Bella Unión, ciudad agroindustrial donde trabaja hace 16 años, se fumigan plantaciones de arroz y caña de azúcar. Ha constatado malformaciones congénitas en recién nacidos, afecciones respiratorias en invierno y también en verano.
En la zona constató varios casos de leucemia en niños. Sin embargo, reconoció que “aunque se fumigaba hasta el borde del pueblo, un sector de la población quería hacer denuncias pero los trabajadores preferían no poner en riesgo sus puestos de trabajo y optaron por el silencio”.
Pero hay más. La mayor parte de las personas afectadas por las fumigaciones viven en pequeños pueblos, donde todos se conocen y en los cuales pervive una cultura de esperar: del caudillo, del estanciero, ahora del empresario, o del Estado. En el caso de Uruguay, se trata de pequeños pueblos que oscilan entre los 400 y dos mil habitantes.
La población rural viene cayendo sistemáticamente en toda la región. Quizá el caso más alarmante sea el de Uruguay donde sólo el 5% vive en el campo. La franja etárea de 50 a 65 años representa el 42 por ciento de esa población. No es difícil concluir que es una población en lenta extinción. Falta decir que en ese proceso el modelo productivo, y sus secuelas en la salud, fomenta la emigración al tornar inhóspita la vida rural.
“El ministerio de Salud Pública no consigue médicos decididos a radicarse en esos lugares. En esas condiciones, como señala Cirio, “hay conciencia de la gravedad pero apenas esfuerzos aislados con pocas herramientas organizativas y gremiales”.
Cárcamo denuncia que el silencio sobre los efectos de los agrotóxicos es interesado: “No existe interés político. Si lo hubiera habría que cuestionar el supuesto país productivo y los biocombustibles, entre otros. El tema solo será expuesto cuando sea una decisión política. Un ejemplo es la campaña que se ha realizado contra el tabaco, pero nada se dice de los impactos que produce la ingesta diaria de agrotóxicos a través de los alimentos y del agua. Y lo peor es que fumar se puede elegir, pero comer y beber agua no”.
Brasil, campeón mundial en agrotóxicos
Según un reciente informe del Movimiento Sin Tierra (MST), la sociedad brasileña está cada día más atenta ante los problemas causados en la salud y la alimentación por la contaminación con agrotóxicos. “Los venenos son uno de los ejes que sustentan el modelo de producción del agronegocio”, que definen como una producción volcada al exterior que expulsa familias del campo.
Desde 2008 Brasil ocupa el primer lugar en el ranking mundial de utilización de agrotóxicos aunque no es el principal productor agrícola. Se trata de mil millones de litros volcados en los cultivos, práctica de la que tampoco escapa el propio MST. En 2010 se creó la campaña nacional contra los agrotóxicos en la que participan entidades oficiales como el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Fiocruz y la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
Los especialistas no dudan en relacionar los agrotóxicos con el cáncer. Según el INCA, en el los próximos dos años un millón de brasileños recibirán diagnósticos de cáncer y sólo seis de cada diez afectados conseguirán recuperarse. Además habrá consecuencias sobre millones de personas que sufren todos los años diversas afecciones. En una reciente conferencia en Rio de Janeiro, Joâo Pedro Stédile, coordinador del MST, denunció que en los asentamientos del movimiento “hay casos de cáncer de mama en niñas de 13 y 14 años” (Carta Maior, 20 de diciembre).
El informe Derechos Humanos en Brasil 2011, divulgado en diciembre por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, señala que todos los años 5.600 personas son intoxicadas con agrotóxicos aunque sólo la mitad de los casos son denunciados. En base a informes del Ministerio de Salud, concluye que todos los años se producen 2.300 “tentativas de suicidio” con agrotóxicos, siendo la región del Sur, una de las vitrinas del agronegocio, donde esa modalidad explica el 75 por ciento de las muertas. La sorpresiva revelación llevó a varios científicos a realizar trabajos de campo.
Un estudio publicado en Revista Brasileira de Saúde Ocupacional del Ministerio de Trabajo, revela la conexión entre suicidios y utilización masiva de agrotóxicos, ya que los organofosforados, entre otros, producen trastornos psíquicos. “Evidencias científicas muestran que la exposición a los pesticidas puede provocar daños en la salud, muchas veces irreversibles, como neuropatía tardía por sobre exposición a organofosforados. La exposición también está asociada a una larga lista de síntomas, así como déficits significativos de la performance neurocomportamental y anormalidades en el funcionamiento del sistema nervioso”.
La revista de la Asociación de Pos Graduados en Salud Colectiva publicó también estudios de caso, en base a una encuesta entre 102 trabajadores rurales de Nova Friburgo, que le permiten concluir que existe una correlación directa entre disturbios emocionales y psíquicos y la exposición a agrotóxicos.
Argentina: Médicos de Pueblos Fumigados
En la campaña agrícola de 1990 los campos argentinos fueron rociados con 35 millones de libros de plaguicidas. En 2010 fueron más de 300 millones de litros de los diversos venenos que consume el agronegocio. La cifra crece todos los años. En 1996, cuando se comenzaron las fumigaciones con glifosato, se utilizaban dos litros por hectárea. En 2010 ya se utilizan más de diez litros y hay campos que son fumigados con cerca de veinte litros por hectárea.
Esos datos formaron parte del 1er. Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en agosto de 2010 en Córdoba, Argentina, convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba a través de las cátedras de Medicina I y Pediatría. Al evento asistieron 160 médicos de diez provincias y decenas de pueblos.
Uno de los resultados del encuentro fue la creación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud que ha venido dando seguimiento a la problemática sanitaria generada por los agrotóxicos.
“Los médicos destacaron que ellos atienden, en general, desde hace más de 25 años a las mismas poblaciones, pero lo que encuentran en los últimos años es absolutamente inusual y lo vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas con plaguicidas”, reza el informe final del evento. Rodolfo Páramo, médico pediatra y neonatólogo del hospital de Malabrigo, norte de Santa Fe, mostró su alarma al encontrar doce casos de neonatos con malformaciones sobre 200 nacimientos anuales en 2006.
El Servicio de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, hizo su propia estadística: en 1997 hubo 19,5 malformaciones cada 10 mil nacidos vivos; en 2008, trepó a 85,3. Cuatro veces más. En el mismo período, la superficie sembrada con soja en la provincia se multiplicó por cuatro.
Hubo decenas de testimonios, ponencias y relatorios. El informe final señala: “Es importante destacar que son escasos los informes epidemiológicos oficiales; según lo que manifiestan los propios médicos, sólo cuentan con los datos de sus observaciones, ya que en general los estamentos de Salud Pública han evitado verificar las voces de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones”. El informe de Chaco, reseñado arriba, es “uno de los únicos generados por un área pública con participación interjurisdiccional”.
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la red de médicos, aseguró que pese a las evidencias científicas presentadas las autoridades nacionales y las sanitarias se niegan a aceptar la realidad, y en particular los cambios en las patologías que presenta la población rural.
Por eso optó por trabajar junto a grupos como Madres de Ituzaingó, un barrio de Córdoba rodeado de soja donde 300 de sus cinco mil habitantes tienen cáncer, o el Colectivo Paren de Fumigar, que optaron por la protesta para no seguir muriendo en silencio. Este grupo asegura que “no hay fumigación controlable ni segura”, por lo que deben suprimirse.
El caso de Ituzaingó muestra que sin organización y protesta no podrán conseguir nada, porque las fumigaciones afectan a los más pobres. En 2002 las Madres ya denunciaron “endosulfán y metales pesados en tanques domiciliarios de agua”, sus hijos siguieron muriendo de leucemia y malformaciones.
Los datos que aporta Ávila no deberían permitir que nadie duerma tranquilo: “Existen casi 12 millones de personas fumigadas en el país. En esas zonas, la tasa de malformaciones es cuatro veces mayor a la de las ciudades. En los pueblos, como en Barrio Ituzaingó, la primera causa de muerte es el cáncer con el 33% de los decesos, mientras que en las grandes ciudades la primera causa son los problemas cardiovasculares con el 27%, y recién la segunda el cáncer con el 19 por ciento”.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas. www.cipamericas.org/es/
Recursos
Carlos Santos, “¿Que protegen las áreas protegidas?”, Montevideo, Trilce, 2011.
Ciência & Saúde Coletiva, vol.12, Nº 1, Rio de Janeiro, enero-marzo de 2007.
Facultad de Ciencias Médicas-Universidad nacional de Córdoba, Informe 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, Córdoba, 2010.
Ignacio Cirio, Efectos Colaterales, Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm/rmr).
Meyer, T. F.; Reswende, I.L.C.; Abre, J. C.; “Incidência de suicidios e uso de agrotóxivos por trabalhadores rurais em Luz (MG), Brasil”, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, Sâo Paulo, Nº 116, Vo. 32, pp. 24-30, 2007.
MST, “Balanço do ano velho e perspectivas para 2012”, en www.mst.org.br
Red Social de Justicia y Derechos Humanos, “Derechos Humanos en Brasil 2011”, Brasilia, 2011.
FUENTE:
Centro Ecologista Renacer
Villa Constitución- Santa Fe

domingo, 8 de enero de 2012

EL FRUTILLAR y LA PARCELA DEL VENENO

Desde que se reglamentó la Ordenanza Municipal 18.740, la cual prohíbe la aplicación de agrotóxicos en la franja de los 1000 metros próximos a las viviendas, EL FRUTILLAR no ha parado de envenenar a los vecinos del Barrio San Carlos y La Gloria de la Peregrina.

¿Qué pasa en 40 hectáreas de frutillas?

La primera de las denuncias realizadas con posterioridad a la reglamentación de la ordenanza data del 1 de septiembre. Esta denuncia fue realizada por vecinos de los Barrios San Carlos y La Gloria de la Peregrina. El incumplimiento de la Ordenanza 18.740 fue detectado en una parcela de aproximadamente 40 hectáreas de frutillas, la cual está rodeada de viviendas y a menos de 1000 metros de la escuela número 46. Cabe aclarar que el frutillar no solo está explotando estas 40 hectáreas, sino que son varias las parcelas de similar tamaño que rodean al barrio; todas explotadas por la misma compañía frutihortícola y en base al uso de productos de síntesis.

Durante el mes de septiembre en esta parcela de 40 hectáreas se registró al menos otra aplicación de agrotóxicos. Entre los meses de octubre y diciembre, la misma parcela de frutillas fue fumigada al menos 12 veces! Más del 90% de las aplicaciones fueron realizadas durante la noche; franja horaria donde los teléfonos de Policía Ecológica o Gestión Ambiental no son contestados por nadie. Los aplicadores fumigan con trajes protectores y máscaras, todo indicaría que siguen aplicando fungicidas y/o insecticidas de alta toxicidad (aunque nuestros funcionarios dicen que las aplicaciones son de productos orgánicos…).

En lo que va de este año, la misma parcela ya ha sido fumigada 4 veces. Las aplicaciones de agrotóxicos no sólo están afectando a los vecinos del barrio sino que se están realizando en pleno periodo de cosecha de frutillas, las cuales son luego transportadas al mercado local. ¿Se está vendiendo frutilla con altos niveles de residuos tóxicos en las fruterías de Mar del Plata?

Aunque se han realizado diferentes denuncias por fumigar infringiendo la ordenanza 18.740 en los barrios previamente mencionados hay un patrón que se repite: los vecinos son envenenados por la misma empresa, la Compañía Industrial Frutihortícola SA conocida en la zona como El Frutillar y en el mercado por sus productos Frutilla Tamara.

¿Qué pasa con “nuestros” funcionarios?

Durante el mes de diciembre, un grupo de vecinos afectados por las fumigaciones (pertenecientes a los barrios la Gloria de la Peregrina, San Carlos, Barranca de los Lobos, Playa Chapadmalal, y Santa Isabel) se reunió con la directora de Gestión Ambiental (CLAUDIA BALTAR), el director de Desarrollo Productivo (JORGE GAMBALE), y el Secretario de Salud (ALEJANDRO FERRO). En esa misma reunión, donde nuevamente se reafirma la no voluntad de los funcionarios para que los productores dejen de aplicar agrotóxicos en las explotaciones agrícolas linderas a las viviendas, la Sra. Claudia Baltar dio su número de teléfono particular como posible solución en caso de que las aplicaciones de estos venenos sigan ocurriendo durante la noche (una de las denuncias de los vecinos en la mencionada reunión).

Como siguió esto…

Durante las 4 aplicaciones de agrotóxicos registradas para lo poco que va de enero en la misma parcela de frutillas se llamó al teléfono de Claudia Baltar pero la Sra. nunca contesto al llamado. Le dejamos mensajes contándole el atropello que seguíamos viviendo pero nunca tuvimos respuesta. El sábado 7 de enero a las 21:50hs nuevamente comenzaron a fumigar la misma parcela. A las 21:55 nos pudimos comunicar con Claudia Baltar. Dentro del dialogo que la funcionaria tuvo con uno de los vecinos dijo que no podía hacer nada, que si estaban fumigando con receta agronómica el protocolo lo permitía. Cuando Baltar menciona “el protocolo”, se refiere al documento cocinado como pan dulce de navidad entre representantes de las tres secretarias (di-gestión ambiental, salud y producción), productores locales, representantes de instituciones como la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras. El famoso protocolo permite a los productores seguir incumpliendo con la ordenanza que prohíbe las fumigaciones en el radio de los 1000 metros de las viviendas. Tanto Claudia Baltar, como Alejandro Ferro y Jorge Gambale no están cumpliendo con lo que el Tribunal 2 de Familia de Mar del Plata ordenó (reglamentar y poner en funcionamiento de forma inmediata la ordenanza 18.740) a principios del mes de Agosto de 2011.

¿Qué está pasando con estos funcionarios públicos, gestionan para empresas privadas o es pura inoperancia?

Desde la asamblea de vecinos autoconvocados Paren de Fumigarnos (Mar del Plata) alertamos a la población sobre los posibles niveles de residuos tóxicos que puedan estar teniendo estas frutillas. Recordamos que al tener un mercado concentrador de frutas y hortalizas donde quien reina es la ausencia de control toxicológico los productos llegan frecuentemente a nuestras casas con niveles de agrotóxicos que exceden lo permitido según el código alimentario.

Asamblea de vecinos autoconvocados Paren de fumigarnos (Mar del Plata)

Contactos: Jorge (155-822892), Germán (155-274614)