Por Federico Polleri. Organizaciones ambientalistas denuncian que la municipalidad no hace cumplir la Ordenanza 18.740. La misma, protege a los vecinos de las fumigaciones con agrotóxicos.
La teratogenia se define como “formación de un monstruo” o como “origen de una monstruosidad”. Se trata, también, de una de las consecuencias que puede traer la exposición sistemática de las personas y sus hijos -en caso de embarazadas- a fumigaciones con agrotóxicos.
Cómo en muchos lugares del país, los habitantes de la periferia de la ciudad de Mar del Plata, que viven cercanos a los campos de soja, trigo, maíz, papa y al cinturón frutihortícola, están resistiendo el uso de productos fitosanitarios -fertilizantes y plaguicidas-, que afectan su salud y el hábitat en el que viven.
A partir de la incorporación de la soja en la Argentina, en 1996, se empezaron a usar todo tipo de agrotóxicos para conseguir mejorar la producción agraria. Como resultado del monocultivo -no sólo de soja, sino de cualquiera que no respete la diversidad natural de la tierra- el suelo va agotando sus nutrientes y el agricultor compensa ese déficit incorporando fertilizantes. Para combatir las plagas y las malas hierbas que disminuyen la producción se utilizan plaguicidas.
En noviembre de 2008, una escuela agraria de Laguna de los Padres, lindante a un campo de soja, tuvo que suspender las clases porque tres de sus alumnos sufrieron una intoxicación. Una de las niñas presentaba un cuadro de rigidez en los miembros.
Ese hecho llevó a un grupo de vecinos a constituir una “asamblea ciudadana” a la que llamaron “Paren de Fumigarnos”. A poco de caminar, se encontraron con otros grupos de activistas que trabajaban las mismas problemáticas. Era el caso de la ONG Bios, que unos meses antes había logrado que el Concejo Deliberante de la ciudad votase por unanimidad la Ordenanza 18.740. El texto prohíbe “dentro del radio de los mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales”, la utilización de cualquier “plaguicida de síntesis o producto de similares características de aplicación agropecuaria o forestal”. Había sido, sin dudas, un triunfo de la salud sobre el dinero. Pero faltaba un detalle: su reglamentación.
En busca de que se reglamente, luego de casi tres años de denuncias y movilizaciones, las organizaciones decidieron interponer un recurso de amparo contra el intendente, Gustavo Pulti, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 31 de mayo de este año, el Tribunal de Familia Nº2 ordenó al Municipio que reglamente la ordenanza en cuestión. Por fin, unos días después, apareció el ansiado decreto en el Boletín Oficial.
A partir de allí, los espacios ambientalistas siguieron batallando, esta vez, por la aplicación de la ordenanza. Durante todo este año, denunciaron que se siguen fumigando campos situados a menos de cien metros de viviendas y escuelas rurales, lo que sigue trayendo problemas respiratorios, dermatitis, diarrea y vómitos a su población.
La “unidad de gestión”, creada por la reglamentación y conformada por la dirección general de Gestión Ambiental, la secretaría de Desarrollo Productivo y la de Salud, determinó finalmente un protocolo de aplicación que prevé tres etapas a lo largo de un año. En la primera, se haría un relevamiento de las zonas afectadas. En la segunda, se eliminarían los agrotóxicos de la llamada “banda roja” (los más nocivos). En la tercera, se sumarían a la prohibición los de “banda azul” y “amarilla”.
Aunque es sabido que cualquier agrotóxico daña la salud, no está claro qué pasará con los productos de la “banda verde”, los supuestamente menos nocivos. El famoso glifosato, un herbicida de los más usados, está dentro de esta última. Por esta razón, los ambientalistas también piden una urgente recategorización de los agrotóxicos.
Otro punto de la ordenanza que se está incumpliendo es el que establece que dentro de las zonas de seguridad se debe crear una barrera vegetal, a fin de impedir o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia las zonas urbanas aledañas.
Vecinos afectados aseguraron que el dueño del campo de Santa Isabel, donde son frecuentes las fumigaciones, podría cumplir muy sencillamente la imposición de los mil metros de distancia. Es que el empresario, además de cultivar soja, cría caballos de polo. Aprovechando esta actividad, podría tener el potrero en la franja reglamentaria de mil metros desde el alambre, y así cumplir con lo exigido. Sin embargo, para evitar que sus caballos reciban los plaguicidas que aplica a sus cultivos, ubicó a éstos en el lado opuesto. Así, el viento no lleva el veneno hacia sus caballos de polo, sino hacia los vecinos.
Los barrios más afectados son aquellos que lindan con los campos: los de la zona de Chapadmalal, La Gloria de la Peregrina en Sierra de los Padres, El Boquerón, 2 de Abril, Hipódromo, San Jorge, La Herradura, Monte Terrabusi, entre otros. Sin embargo, de manera indirecta, toda la población que consume verduras puede resultar afectada.
Los ambientalistas plantean que hay que evitar que las fumigaciones pasen de los trastornos iniciales -intoxicaciones respiratorias y cutáneas- a los que le siguen: afecciones crónicas como el cáncer, los abortos espontáneos, las deficiencias intelectuales en niños y las malformaciones genéticas, es decir, la teratogenia.
Por lo que se ve, no solo la exposición a las fumigaciones tiene la capacidad de formar monstruos: también el dinero puede hacerlo. Empresarios del campo y funcionarios municipales que permiten que se rocíen con veneno cientos de familias, parecen dar cuenta de esto.
Fuente: http://www.marcha.org.ar
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