La Justicia dio un plazo de 20 días a la Municipalidad de General Pueyrredon para reglamentar y aplicar la ordenanza que limita las fumigaciones en los alrededores de zonas urbanizadas.
Luego de la acción de amparo por omisión, iniciada, en junio de 2010 por vecinos integrantes de la Asamblea Paren de Fumigarnos, contra el departamento Ejecutivo del municipio de General Pueyrredon por no cumplir con su función de reglamentar y aplicar la ordenanza municipal Nº 18740/08, y sus modificatorias, el Tribunal de Familia Nº2 de la Ciudad de Mar del Plata integrado por las doctoras Adriana Rotonda, Clara Obligado y Dolores Loyarte dictó, por unanimidad, sentencia afirmativa ordenando al Departamento Ejecutivo del municipio que dentro del plazo, perentorio e improrrogable, de 20 días reglamente y ponga en marcha la ordenanza en cuestión.
El amparo fue iniciado por los vecinos Jorge Omar Picorelli y Gustavo Pizani, con el patrocinio del doctor Leonardo Pablo Palacios y el fallo del Tribunal tiene fecha del 31 de mayo, pero fue dado a conocer la semana pasada.
Dicha ordenanza que debe aplicarse fue sancionada y promulgada, por unanimidad por el HCD, en setiembre de 2008, establece en su Artículo 1º: prohibición "de utilización de cualquier plaguicida de síntesis u otro producto de similar utilización de aplicación agropecuaria o forestal; el tránsito de maquinaria terrestre cargada con cualquier plaguicida de síntesis o producto similar y el descarte o abandono en el ambiente terrestre, acuático y/o urbano de envases de cualquier plaguicida de síntesis o producto similar, dentro de un radio de 1.000 metros a partir de las plantas urbanas o núcleos poblacionales".
"Este fallo reivindica y legitima todas las acciones que desde la asamblea venimos realizando desde setiembre de 2008 y que fueron acompañadas por el doctor Justo Zanier, coordinador del Programa Interdisciplinario de Bioética, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la ingeniera agrónoma Virginia Hamdan, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la UNMdP.
Sin embargo, nos hemos encontrado con un silencio institucional, tanto por parte del municipio, en la figura del intendente, como de la directora de Gestión Ambiental, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Derecho (UNMdP), el Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Defensoría del Pueblo", señalaron desde la Asamblea luego del fallo.
En diálogo con este medio, el amparista Jorge Picorelli reconoció que "es muy probable que el municipio apele el fallo", aunque destacó que "es un precedente muy bueno, que argumenta el tema ambiental desde lo económico y la salud".
"El municipio dice que están trabajando, pero en realidad no están haciendo nada", aseguró.
"El tema es que no se pueden permitir las fumigaciones cerca de casas y escuelas porque se está violando un derecho personal, a la salud, a la propiedad privada, que no se puede justificar por un derecho menor", indicó Picorelli, quien advirtió que "hay gran cantidad de escuelas que están pegadas a los campos en los que se fumiga y alumnos y docentes quedan expuestos a los compuestos".
Además señaló que "la Municipalidad no se puede amparar en las dificultades de aplicación o de reglamentación de una ordenanza que ellos mismos votaron, por unanimidad en el Concejo Deliberante y que luego no fue vetada por el Ejecutivo".
Picorelli lamentó que en el marco de la movida nacional para proteger la salud de la población de los efectos de los agroquímicos, "en lugar de regular o prohibir las fumigaciones, el Ministerio de Salud lo que hace son folletos en los que recomienda a los chicos quedarse adentro, juntar y guardar los juguetes. No puede ser", indicó. En Mar del Plata, aseguró que prácticamente todos los alrededores de la ciudad están afectados por las fumigaciones, tanto al norte, como al oeste y al sur.
"Nosotros no estamos en contra de la producción agrícola, lo que pedimos es respeto, que no se usen productos que sean nocivos para nuestra salud", indicó el amparista, señalando que "el tema es que, por ejemplo, se sigue utilizando el endosulfán, que está prohibido en casi todo el mundo".
El endosulfán y el glifosato, son los dos agroquímicos más cuestionados y más usados en nuestro país. "No puede ser, hay que sacarlos del mercado" aseveró.
Defensoría del Pueblo
Con fechas 19 de febrero y 28 de diciembre de 2010, algunos vecinos y la asamblea respectivamente presentaron una denuncia de violación de derechos fundamentales, por parte del municipio, quien no cumple con la ordenanza 18740/08 y modificatorias, ante la Defensoría del Pueblo.
"El 24 de mayo de 2011, la asamblea se acerca a la Defensoría para solicitar informe acerca de la actuación comenzada seis meses antes. Se nos informó que se habían cursado pedidos de informes a la Secretaría de Salud y que se estaban organizando reuniones con Gestión Ambiental, Asuntos Agrarios y otras áreas del Ejecutivo. Toda esta actividad enunciada verbalmente no figura en el expediente, del cual pedimos copia. Pero, sí consta que con fecha 26 de mayo, dos días después de nuestro reclamo de respuesta, la defensora Beatriz Arza solicita a Gestión Ambiental pedido de informes sobre el control de la ordenanza 18740/08 y le da diez días corridos para su respuesta. Al día de la fecha no hemos recibido respuesta alguna por parte de esta defensoría", denunciaron también desde la asamblea.
La Asamblea Paren de Fumigarnos está integrada por un grupo de vecinos de diferentes barrios de Mar del Plata que trabaja, tanto para difundir la problemática de las fumigaciones, como para hacer cumplir la ordenanza que las controla.
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