Analizan cambiar la ley de fumigación

Un proyecto plantea prohibir el uso de todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de zonas urbanas y ríos.




Mientras cada vez más ciudades y pueblos cordobeses ven surgir reclamos de sus vecinos por las fumigaciones en campos pegados a las zonas urbanas, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto para modificar la actual ley que regula la aplicación de agroquímicos.

La iniciativa planteará el debate entre quienes creen que se debería prohibir todo tipo de uso de químicos a escasa distancia de zonas habitadas y los que sostienen que alcanzaría con aplicar la ley vigente tal como fue escrita en 2004.

El legislador Roberto Birri (Frente Cívico) presentó un proyecto que prohibiría directamente las fumigaciones "de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario en un radio de 800 metros del ejido municipal". El impedimento sería para todos los herbicidas y pesticidas, incluso los de clase toxicológica IV, considerados por el organismo nacional Senasa como los de menor riesgo. Entre ese grupo está el glifosato, conocido por ser el de uso más extensivo por ser aplicado al cultivo de soja, que hegemoniza el suelo cordobés.

El proyecto también propone como novedad esa misma zona de resguardo de 800 metros sobre los "cursos de agua" (ríos y arroyos a reglamentar).

La vigente ley provincial 9164, sancionada hace seis años, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes a áreas habitadas de pueblos y ciudades. Pero si se trata de los clasificados como III y IV, según la lista del Senasa, se pueden usar aunque no en forma aérea y bajo ciertas condiciones, como la obligación de elaborar la receta fitosanitaria a cargo de un agrónomo que se haga responsable de la aplicación, con personal capacitado y maquinaria habilitada, más el control del municipio respecto de factores climáticos y otros aspectos.

La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.

Quienes reclaman por mayores restricciones, citan los crecientes reclamos en diferentes localidades, a partir de dudas planteadas sobre los efectos en la salud y el ambiente de los agroquímicos, incluidos los considerados hasta ahora como de menor clase toxicológica, como el glifosato.

Para cerrar. Un cambio en la ley provincial en cuanto a los límites con respecto a zonas urbanizadas cerraría la discusión sobre la constitucionalidad de las normas que varios municipios sumaron o estudiar sumar mediante ordenanzas más restrictivas. Birri planteó que si no se adapta la ley "habrá cada vez más demandas judiciales" y vaticinó fallos "que terminen fijando más limitaciones si una ley no lo hace". Recordó, en ese sentido, lo dictado ya por la Justicia para los campos vecinos a barrio Ituzaingó en Córdoba capital y una reciente sentencia en Santa Fe respecto a un barrio de la ciudad de San Jorge.

No se descarta debatir alguna flexibilización si el dueño del campo creara cortinas forestales adecuadas.

En la Legislatura. El debate legislativo del proyecto aún no fue iniciado. En principio, no aparecería como una idea que obtenga consenso inmediato entre los legisladores. Para su aprobación requeriría el aval del oficialismo del PJ, que tiene mayoría en el cuerpo legislativo. Un dato aparecerá en el centro de la discusión: la prohibición sobre 800 metros en cada periferia de pueblo, ciudad y curso de agua, sumaría miles de hectáreas en esta provincia que quedarían fuera del sistema productivo agrícola, al menos bajo el concepto hoy dominante que requiere el uso de agroquímicos. Ese argumento -como el de cómo compensar a los productores a los que no se les permita el uso de sus tierras con determinadas formas de producción- ya se anticipan como parte de la discusión.

Del otro lado, aparecen los argumentos basados en la protección de la salud, ante los riesgos planteados por la exposición a los agroquímicos, y el pedido -sostenido también por ambientalistas- de aplicar el "principio precautorio" en materia ambiental, que plantea que ante la duda sobre el impacto debería evitarse la situación de riesgo.


FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/analizan-cambiar-la-ley-de-fumigacion-1



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